Envuelta en el misterio, la marcha a la que se convocó con tiempo para socializar los asesinatos, las desapariciones y otros abusos que desde los juzgados civiles y militares se cometen en contra de los soldados que también tienen familia y que se encuentran en las calles en tareas de seguridad pública que no les corresponden, se redujo ayer a una operación fallida.
Evidentemente que estuvo la mano de la superioridad de un ala de las Fuerzas Armadas para que Culiacán no se sumara a las 20 ciudades que se delinearon en la ruta de la protesta, que demanda los vean, a quienes son parte como sobrevivientes atados de los saldos horrorosos de la guerra contra la delincuencia.
En la Novena Zona Militar, cuya comandancia recae en el General de Brigada, Alfredo Salgado Vargas, nadie supo y nadie sabe si quiera de una movilización pacífica para que las miradas de los mexicanos, y sobre todo, del Gobierno Federal, se fijen en las graves circunstancias por las que atraviesan.
Para ellos, sus hijos, sus esposas y demás parientes, no hay justicia y menos, un clima de libertad que les permita consumar una forma de expresarse y de gritar su desgracia.
Contradictoriamente, luego de que entregaron su tiempo, esfuerzo y en ciertos casos, la vida a través de sus acciones u omisiones, en las que mediaron órdenes de sus jefes que los llevaron a estar donde están, pero esos superiores, siguen en la comodidad sin que alguien los moleste.
Para colmo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero que llamó desactivar estas manifestaciones, de las que señaló que las orquestan algunos sectores que andan fuera de la ley, por lo tanto no deben ser.
Mientras, la gente necesita una información seria y objetiva en una temática en que en los nuevos tiempos las agrupaciones defensoras de los derechos humanos, se convirtieron en los enemigos número uno de quienes se consideran “Hijos de la Patria”.
Este domingo fue esa medida que se anunció pero que abortó. Sin embargo, en este escenario estatal donde las luchas amenazan con transformarse en rebeliones, los periodistas manifestaron su coraje y falta de seriedad para resolver el homicidio del columnista Luis Enrique Ramírez Ramos quien el viernes pasado cumplió para desgracia de los sinaloenses, un año de que abandonó su Ancla.
A partir de esta semana, como pronóstico de enfado, productores del campo social y privado, aseguraron que se lanzarán a la toma de las instalaciones de la planta de Petróleos Mexicanos, en Topolobampo, porque no pudieron lograr precios de garantías rentables para las cosechas de maíz y trigo.
No dieron los frutos que se esperaban las gestiones del gobernador Rubén Rocha Moya en la Ciudad de México.
Es en esta temática donde la inteligencia del diputado local morenista Ambrocio Chávez resalta con facilidad en aras de creer que lo que diga influirá a solucionar el problema, causa un particular asombro.
En modo de evasión del caso, se recarga el legislador en que el gobierno no es el que fija las cotizaciones del mercado de esos granos.
¿A quién le quiere ver la cara?
Sin algo saben los ejidatarios y los propietarios rurales es precisamente eso.
Lo que tiene qué cuestionar es entonces ¿por qué el Ejecutivo Federal en su giras como candidato Presidencial morenista, prometió en las inmediaciones de la vieja Isla de Orabá, hoy Parque Las Riveras, que elevaría los precios y los apoyos en la comercialización de los alimentos del agro?
Si es obvio, que al no tener capacidad para fijarlos, tampoco para aumentarlos.
“Que no se haga bolas”, el coordinador a fuerzas en Sinaloa del aspirante a la silla más alta del país, Adán Augusto López Hernández.
A este ambiente, quienes anticiparon que marcharán por las vías principales de la capital, son la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a lo dicho por el rector Jesús Madueña Molina.
Aunque no definió la fecha, al interior de la UAS se comenzó a llamar a profesores, trabajadores administrativos y de intendencia, a alumnos y a padres de familia, alistarse para salir en lo que denominan defensa de la autonomía universitaria, que desde el Congreso del Estado, se aprobó la Reforma a la Ley de Educación Superior para dañarla.
El desdén de CAADES a los ejidatarios.
Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, desdeña a los ejidatarios al sostener que no representan a lo que constituye el sistema alimentario sinaloense y mexicano. Que no pintan los poco más de 13 mil labradores de la tierra del segmento social a quien el gobernador Rubén Rocha Moya incluyó en la próxima compra de sus volúmenes a 6965 pesos por tonelada para despresurizar la comercialización.
Es decir, porque siembran de una a 10 hectáreas.
No obstante, la CAADES y otros organismos del ramo, son a los que mandan como “carne de cañón” cuando de protestar y manifestarse se trata.