Al enfilarnos al término del cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos no cuentan con un sistema de salud parecido al de Dinamarca, ni siquiera le anda cerca al de España o de cualquier otro país europeo.
Eso sí, la Cuarta Transformación se niega a reconocer el fracaso de sus políticas en materia sanitaria y menos cuando la pandemia convirtió a México en uno de los primeros con más mortandad con el Covid-19. Pasamos del INSABI al IMSS Bienestar sin pena ni gloria.
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En cambio, la administración lopezobradorista acompañado de los gobernadores de Morena, no han logrado dar de alta ese paciente llamado sistema de salud mexicano, que tantos le deja a deber a la población, sobre todo aquella que necesita de tratamientos largos y costosos.
Durante 2021, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, seguida muy de cerca por el Covid-19, ya que la primera alcanzó –en números cerrados- 226 mil decesos y el virus 224 mil.
En tercer lugar se encuentra la diabetes mellitus, una enfermedad que además deriva en la insuficiencia renal, un padecimiento del que pocos pacientes logran salir adelante y que además es costoso mantenerse bajo tratamiento. En Sinaloa se estima que el 15 por ciento de la población padece enfermedades relacionadas con la diabetes y padecimientos renales.
El INEGI registró un total de 1.1 millones de defunciones en todo el país durante 2021. Desde luego, se podrá decir que los hábitos de los mexicanos ocasionan estas enfermedades crónicas-degenerativas que llevan a la muerte, pero también no hay que perder que vista que en nuestro deficiente sistema de salud, muchas veces no hay posibilidad de tratarse las enfermedades de una manera adecuada y oportuna.
¿Cuántas veces han salido a protestar los padres de niños con cáncer por medicinas e insumos? ¿Cuántas noticias que se quedan calladas en hospitales carentes de especialistas o de atención para las personas de grupos vulnerables?
En lugar de solventar las deficiencias del sistema de salud, que cuando llegó AMLO eran de por sí muchas, a lo que se dedicó el presidente y sus cercanos fue denunciar –sin querella formal de por medio- a farmacéuticas y proveedores de ser corruptos, pero nunca lo demostró. Lo que sí se generó fue el colapso cuando la pandemia se intensificó.
Hay ciudadanos que afirman que si están vivos, es gracias a sus refuerzos inmunitarios y no precisamente a los esfuerzos del gobierno federal por crear un sistema eficiente que también atienda a las causas.
A cuatro años del gobierno “transformador”, no solo los programas en temas de salud se ven mal parados, también en educación, en combate a la corrupción, y por supuesto, en el gran tema de la seguridad pública.
GUACAMAYA DESPLUMA AL VERDE MILITAR
Y tocando el tema de la militarización y la filtración de 6 terabytes de documentos por parte de la organización Guacamaya. El presidente y sus allegados se ven demasiado empeñados en la extensión constitucional de las labores del Ejército en materia de seguridad pública, pero de manera contradictoria siguen sin atender las causas de la violencia: la impunidad.
Ni a nivel nacional ni en Sinaloa hay esfuerzos para reforzar la procuración de justicia, en donde está la clave de las fallas sistémicas en el país. Mientras que a la Sedena se le regalan millones y millones en presupuesto, convirtiéndola en una supersecretaría, toda la estructura para investigar y castigar a los delincuentes, colapsa. El verdadero debate estaría en entrar a las fiscalías, hasta el cuello de corrupción, componendas, ineficacias, omisiones, que manda la señal a la delincuencia que en México se puede cometer un delito con un 95 por ciento de probabilidad de salir impune.
Y para pruebas, ahí están los datos duros en la altísima tasa de impunidad.
