Culiacán, Sin.- La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa anunció que no hay condiciones para que las familias desplazadas por la violencia en comunidades de la sindicatura de Tepuche retornen a sus hogares.
Esto luego de que Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable puso en marcha el plan piloto de retorno de desplazados, fue hace una semana que el Gabinete Estatal realizó un evento público donde anunció que los desplazados de las comunidades de Guayabitos, Bagrecitos, Juntas de Bagrecitos, Pitayita, Molo Viejo, Algodones y San Antonio ya pueden retornar a sus hogares y retomar sus vidas.
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La invitación fue para las familias víctimas de desplazamiento forzado de estas comunidades, quienes según la Secretaría de Bienestar, María Inés Pérez Corral, ya están en condiciones de regresar.
Mientras que la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos señala que no se ha realizado una sola acción para afirmar que hay condiciones de seguridad, es decir, los grupos del crimen organizado continúan delinquiendo y las corporaciones de seguridad no han podido garantizar la paz y tranquilidad.
El plan piloto para el retorno de desplazados contempla acciones como evaluar las condiciones de las viviendas y apoyar en la reparación de éstas, entregar muebles y electrodomésticos y generar fuentes de empleo para que las familias puedan retomar sus vidas en sus lugares de origen.
Sin embargo, en el tema de seguridad la situación no ha cambiado, por lo que es una irresponsabilidad de Gobierno del Estado llamar a las personas a que vuelvan a sus hogares, señala un comunicado emitido por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos.
“Es una irresponsabilidad convocar al regreso de las víctimas del desplazamiento, luego de anunciar algunas medidas de carácter administrativo o incluso yendo acompañadas de acciones de perfil policiaco”.
Tampoco se garantiza el articulo 25 de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, el cual señala que para que las familias desplazadas puedan volver de manera voluntaria, segura y digna a sus hogares, las autoridades municipales y estatales deben garantizar:
La seguridad y movimiento, alimentación, agua, vivienda, cuidados de salud y educación; el acceso al empleo o medios de vida; la restitución de la vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales; el acceso a documentación personal; la reunificación familiar; la participación en asuntos públicos y el acceso a la justicia y reparación del daño.
“Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de acciones encaminadas al regreso de los desplazados sin este requisito de Ley, es violentar dicho mandato y abrir irresponsablemente la posibilidad de pérdida de vidas como ya aconteció durante el gobierno de Mario López Valdez”, señala el informe de la CDDHS.
Por lo anterior la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos exhorta al Gobernador a velar por el cumplimiento de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa y que no se llame a las familias desplazadas a retornar a sus hogares hasta que haya un informe sobre los motivos que provocaron el éxodo y se garantice que puedan volver con dignidad, seguridad y de manera voluntaria.
