Cientos de activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la llamada Velada por la Paz, del Ángel de la Independencia al Senado de la República, para manifestarse en contra de la reforma que traslada el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Nos preocupa la militarización de la seguridad pública en el país porque es darle cada vez más poder a los militares y ahora concentra a las instituciones de seguridad pública”, dijo a medios Luis Fernández, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, que convocó a la marcha.
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El colectivo, integrado por académicos, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, impulsa un debate público sobre el modelo de seguridad que necesita el país y fue el que encabezó la movilización junto con la organización Amnistía Internacional.
La iniciativa, aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados, trasladaría el control de la recién creada Guardia Nacional, principal institución civil de seguridad pública del Gobierno federal, a la Sedena, encargada del Ejército mexicano.
Con veladoras y pancartas en las que apuntaron las consignas “No a la militarización” y “La militarización no es la solución”, cientos de activistas se manifestaron para ejercer presión en el Senado mexicano donde la citada reforma se debatirá en los próximos días.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.
Además, el mandatario respaldó la propuesta de la diputada Yolanda de la Torre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de mantener al Ejército en las calles hasta 2028, aunque la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, establece que los militares deben volver a los cuarteles en 2024.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
Apenas la semana pasada, una niña de cuatro años, Heidi Mariana, murió por una bala perdida del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según denuncias de su familia.
Pero López Obrador, quien en campaña prometió devolver los soldados a los cuarteles, ahora justificó el uso de los militares en tareas de seguridad para enfrentar el crimen “sí, cambie de opinión ya viendo el problema que me heredaron”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa de este martes.
