Llamadas y mensajes a su celular no funcionaron para que el director Municipal de Cultura, Alonso Ramírez Reyes, respondiera a las peticiones de información de El Sol de Sinaloa. Menos sirvió, qué duda cabe, la solicitud presentada de manera formal en la Plataforma Nacional de Transparencia el pasado 18 de octubre. Se le venció el plazo de Ley el 1 de noviembre.
Mucho menos funcionó que fuera abordado durante el Primer Informe de Labores del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, en donde le dijo al reportero de este medio, que estaba a favor de la transparencia y hasta lo invitaba a su oficina para entregarle los documentos requeridos.
Tampoco bastó que este medio acudiera al Instituto Municipal de Cultura, una asistente dijo que no se encontraba y no respondió de nuevo a los mensajes. Sin embargo, cuando El Sol de Sinaloa publicó la crónica de un imposible acceso a la información, Ramírez Reyes, en tono airado, usa su cuenta de Facebook para defenderse y negar que haya recibido una solicitud de acceso (aquí se adjunta el acuse de recibido de la PNT) y patalea con la consabida frase de que no es corrupto y por el contrario, es transparente.
Pero de nuevo, todo queda en saliva, retórica y discurso de simulación. Es cierto que la misma petición se le hizo al Ayuntamiento de Culiacán, el cual respondió en tiempo y forma que le correspondía de manera parcial informar sobre los gastos del 491 Aniversario de la capital, pero ni aun así la Unidad de Acceso no adjuntó la evidencia documental.
La Tesorería argumentó que los documentos estaban en la Auditoría esperando su validación, pero tampoco es un alegato bastante válido, porque ningún ente público puede negar información pública bajo esas premisas, porque al final de cuentas, la Auditoría Superior del Estado tiene una copia, y el Ayuntamiento tiene otra. Y además, con archivos digitales, ya se pueden generar copias sin menoscabo de un expediente.
Pero además, el agravante es que dos áreas del Ayuntamiento de equivocaron al invocar el artículo 42 de la Ley de Transparencia de Sinaloa, el cuales habla sobre la elección de los comisionados del órgano garante, por lo tanto, sus excusas fueron equivocadas.
Es cierto que la Ley prevé los casos en que la información puede ser reservada de manera temporal y también en donde es clasificada, pero eso no se decide nada más así, es un proceso. En este caso, se trata del ejercicio de recursos públicos, y no hay ley que impida se den a conocer los documentos.
En todo caso, si tantas ganas tenían los funcionarios de negar la información, tenían que haber justificado de otra manera, porque además, cuando se argumenta que hay una revisión en tránsito, se tiene que poner un plazo en que los documentos pueden ser liberados. Y esta situación, tampoco sucedió. De ahí que el personal del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil se ha enredado más de lo necesario en este caso pone de relieve la opacidad de un ente que parece negarse al escrutinio público. En los próximos días veremos si hay voluntad de informar de manera adecuada.
