El secretario de Gobernación, Adan Augusto López, aseguró que sólo serán despedidos mil 200 vocales del Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de la reestructura administrativa al que está obligado con la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, sin embargo, vocales ejecutivos de la institución apuntan que los despidos serán mucho más.
“En el caso de los despidos, pues son básicamente 32, por dos, serían 64 vocales de las juntas locales y mil 200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares, ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al siete, ocho por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores”, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto Lopez Hernández, ayer durante la conferencia mañanera.
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Vocales Locales —los representantes del INE en los estados— calculan que la cifra de despidos será mucho mayor. Tan sólo en Chiapas, se prevé que se liquide a mil 200 trabajadores, entre miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y operativos, de acuerdo con la vocal de Organización Electoral en el estado, Flor Denisse Pérez Chávez.
En el Estado de México, 92 por ciento de las mil 602 plazas del INE serán recortadas, alrededor de mil 470, según el vocal ejecutivo en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez.
Tan sólo estos dos estados, duplican la cifra de despidos que informó el titular de Segob, quien además, negó, a pregunta de El Sol de México, que las liquidaciones del personal alcanzarían los dos mil 500 millones de pesos, como ha venido asegurando Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
Sobre el tema, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, explicó que más del 50 por ciento de quienes ocupan las plazas que serán eliminadas supera los 20 años de servicio y por lo menos una tercera parte tienen entre 30 y 32 años laborando para el Instituto.
Los miembros del SPEN que tienen tres décadas de antigüedad, estarían recibiendo por liquidación cifras superiores al millón de pesos, pues tienen derecho a una compensación de 690 días de salario, es decir, casi dos años.
Díaz de León dio a conocer que el INE cuenta con un fideicomiso para el pago de liquidaciones que no supera los 300 millones de pesos.
Añadió que los despidos no se darán “ni mañana ni en un mes” porque el Plan B no tiene efectos de aplicación inmediata, sino hasta agosto. Mientras tanto, el Instituto planificará y aprobará, con total libertad, un nuevo estatuto del servicio profesional electoral, un nuevo catálogo de cargos y un nuevo tabulador de sueldos.
Dijo que en junio a más tardar, habrá una evaluación de desempeño de todo el Servicio Profesional Electoral Nacional, para seleccionar a quienes se quedarán en los cargos y puestos que sobrevivirán a la reforma.
“Es posible que la evaluación sea realizada por un órgano externo, para dar legitimidad a los vocales que se queden en el INE”, finalizó.
El presidente Andrés Manuel López defendió su reforma electoral llamada Plan B y volvió a criticar en su mañanera a Edmundo Jacobo,secretario ejecutivo del INE, quien tuvo que dejar su cargo este viernes.
El mandatario expresó que Edmundo Jacobo “lleva 30 años, imagínense en cuántos fraudes ha participado”, dijo el presidente, al señalar que el funcionario pertenece al grupo de José Woldemberg, fundador del Instituto Federal Electoral (IFE, luego INE).
Por su parte el secretario de Gobernación, Adan Augusto López dijo ante el presidente que el plan B representa el “fin de la burocracia dorada”, pues termina con una serie de privilegios en el INE.
Subrayó que con la reforma se podrá sancionar a quienes financien a candidatos a cambio de obras o cualquier tipo de contratos y se termina con la entrega de prebendas con monederos electrónicos.
Añadió que con el Plan B se termina con la posibilidad de la absurda reelección de Edmundo Jacobo, a quien acusó que tenía la facultad “discrecional” del uso del presupuesto del INE.
EVENTUALES DESPIDOS
El Plan B de la reforma electoral del Presidente prevé un recorte sustancial a la estructura administrativa del INE; se eliminará 84.6 por ciento de las poco más dos mil 500 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), además de plazas operativas. Con esto, el SPEN quedará sólo con 379 puestos.
En el caso de Michoacán, donde laboran 203 funcionarios electorales, se contempla el despido de 193, mientras que en Tabasco, de los 35 miembros del SPEN en la junta local, serían liquidados 26.
“Entre muchos de estos funcionarios que estarán causando baja, se encuentran precisamente personas que fueron fundadoras de la institución y que han acumulado años de conocimientos”, dijo la Vocal Ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones.
En San Luis Potosí, el vocal ejecutivo local del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, explica que son tres las plazas que se mantendrían en las juntas locales: la de vocal Ejecutivo, la vocalía del Registro Federal de Electores y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Las dos plazas que desaparecen son la de vocal Secretario y la de vocal de Organización Electoral.
Chiapas es uno de los estados que contemplan recortes mayores, pues prevén el despido de mil 200 trabajadores, entre miembros del SPEN y operativos, de acuerdo con la vocal de Organización Electoral en el estado, Flor Denisse Pérez Chávez.
Estado de México —la entidad con el padrón electoral más grande del país— perderá hasta 92 por ciento de las mil 602 plazas que tiene, estimó el vocal ejecutivo en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez.
“Seremos trabajadores de maquila electoral, entonces, lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare si es válido que en México se viole la Constitución o si declaran inválida esta reforma, el proceso electoral se organizará exactamente como se está organizando en estos 32 años”, reclamó el vocal de la junta local de Aguascalientes, Ignacio Ruelas Olvera.
Esta preocupación es compartida por la vocal ejecutiva de Durango, Maria Elena Cornejo Esparza, quien señala que con la reducción de estructura, sobre todo de las juntas distritales, una persona hará el trabajo de cinco, incluyendo la coordinación de los módulos de atención ciudadana donde se expiden las credenciales de elector.
“Está en riesgo la calidad de la atención a la ciudadanía, también está en riesgo que los módulos pasen a establecimientos que corresponden a dependencias públicas, puesto que ahí se maneja información sensible, datos personales y biométricos de la ciudadanía”, señaló Cornejo Esparza.
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Aunque el cálculo exacto se realizará durante los próximos meses, en entrevista para El Sol de Zacatecas, Marías Chiquito estimó que las liquidaciones a nivel estatal tendrán un costo de entre 20 y 25 millones de pesos, lo cual dependerá principalmente de la antigüedad de cada funcionario.
Díaz de León dio a conocer que el INE cuenta con un fideicomiso creado para el pago de liquidaciones que no supera los 300 millones de pesos, pero se requerirán más de mil 500 millones de pesos para el finiquito de los mil 264 profesionales que serán despedido en el país. Con información de Editoras OEM
