La preocupación al seno de las fuerzas armadas y que es compartida por actores relevantes entre las agencias de seguridad estadounidense, es que la retórica presidencial hecha pasar como estrategia de seguridad de “abrazos no balazos”, se ha traducido en un incremento del control territorial de las organizaciones criminales en todo el país. Si había un episodio que demostrara esa condescendencia de Andrés Manuel López Obrador frentente al poder del crimen organizado, era el ocurrido el 17 de octubre de 2019 en la capital sinaloense conocido como el Culiacanazo.
Tuvieron que pasar 38 meses para que el Ejército se sacara la espina de aquella humillación donde, por una decisión política, se abortó la primera detención de Ovidio Guzmán López en una fallida operación que le costó muy caro a los militares por los errores que quedaron evidenciados desde la planeación y puesta en marcha del operativo. Lo ocurrido el jueves 5 de enero d 2023 fue todo lo contrario desde la concepción, planeación y ejecución del despliegue que no resultó con saldo blanco pues le costó la vida a 29 personas, 19 civiles vinculados al grupo criminal hegemónica en el estado, y 10 militares entre ellos un coronel comandante de batallón que venía como refuerzo con parte de sus tropas desde Nayarit rumbo al sur de Sinaloa.
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La prensa nacional y la comentocracia se apresuró a concluir que la detención de uno de los cabecillas del clan de “Los Chapitos”, como se conoce a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, era un mensaje de bienvenida al presidente estadounidense Joe Biden, quien estará en el país este lunes 9 de enero para participar en la Cumbre Trilateral en su primera visita como jefe de la Casa Blanca a México. Más allá de que el objetivo alcanzado sea un actor criminal señalado como de los principales proveedores en el mercado del fentanilo en la Unión Americana, cuya epidemia ha tenido un alto costo en vidas al otro lado de la frontera, la captura va más allá y traza dos líneas estratégicas para el corto y mediano plazo.
La primera se lee como un golpe de timón del Ejército frente al grupo criminal asentado en la entidad, al que durante todo el sexenio se ha señalado de tener “arreglos” con el gobierno lopezobradorista. Como institución de Estado el Ejército demostró que sirve al país, a la sociedad y su lealtad al comandante supremo en turno es incuestionable. La política sexenal queda como eso, una política del jefe del Ejecutivo en turno donde los militares no deciden.
La segunda línea es frente al inicio del juicio en una corte estadounidense contra Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública del gobierno calderonista, quien tiene información de los vínculos de mandos militares con el narco durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Si hubo un civil al que los militares nunca le tuvieron confianza en los gobiernos panistas, ese fue García Luna. No fue gratis que se cobrara la afrenta al convencer a Calderón para orquestar esa farsa judicial conocida como “Operación Limpieza”, donde se encarceló con testigos “a modo” a varios generales y oficiales sobre los que al final no se les probó nada.
Si el mensaje va más allá de estas dos líneas, entonces estamos frente a un inusitado cambio en la política de seguridad y combate al crimen del gobierno de López Obrador, quien sabe que el último tramo de su sexenio está en marcha.
