Culiacán, Sin.- A casi tres años del éxodo en el norte de Culiacán, en la sindicatura de Tepuche, algunas familias han decidido retornar a sus comunidades y recobrar sus viviendas y propiedades, o lo que queda de ellas.
Fue a mediados del 2020, a inicios de la pandemia por Covid-19, cuando se registraron diversos enfrentamientos entre grupos armados en la sindicatura de Tepuche que terminaron con la vida de personas inocentes, fueron varios días de enfrentamientos que provocaron el desplazamiento de más de 200 familias.
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“Muchos se fueron con lo que traían puesto, dejaron todo”, relata una vecina de Tepuche, quien recuerda los días de violencia, angustia y desesperación, el sentimiento de abandono de las autoridades y la masacre provocada por una riña entre dos bandos del crimen organizado“.
Guayabitos, Bagrecitos, Juntas de Bagrecitos, Pitayita, Molo Viejo, Algodones y San Antonio son algunas de las comunidades de la sindicatura de Tepuche donde decenas de familias fueron desterradas.
“A muchos los sacaron, les dijeron que se fueran y no volvieran”, relata esta persona que accedió a la entrevista sin ser identificada.
Durante la ausencia de las familias grupos delincuenciales saquearon viviendas, sacrificaron ganado y se apoderaron de las propiedades, en ese momento algunas personas intentaron volver pero fueron amenazadas.
“Quedaron los animales ahí solos, muchos se murieron y los malandros y militares empezaron a saquear las casas”, comentó una vecina de la comunidad.
Regreso voluntario
Después de casi tres años de los hechos violentos algunas familias han regresado a sus comunidades por su propio pie, porque no lograron adaptarse al lugar donde intentaron asentarse, no encontraron empleo y formas de subsistir o porque extrañan sus hogares y la vida que tenían.
Ante esta situación la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable anunció un plan piloto de retorno de familias desplazadas, el cual contempla la entrega de apoyos materiales como electrodomésticos, despensas, reparación y mantenimiento a las viviendas que fueron vandalizadas, la apertura de escuelas y reactivación del transporte público.
Este plan piloto fue presentado ante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodriguez como el primer plan de retorno de desplazados a nivel nacional.
No obstante la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa señala que no hay condiciones de seguridad para que las familias puedan retornar a sus comunidades, puesto que aún se observa el tránsito de grupos armados en la zona donde hace tres años se registró una masacre.
En este momento se encuentran elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la sindicatura de Tepuche, lo que da seguridad a las familias que por decisión propia o necesidad han regresado a sus comunidades, sin embargo el temor a un nuevo enfrentamiento persiste en la población.
“No se sabe a qué horas puede haber un nuevo enfrentamiento porque caen de sorpresa, pero ahorita han estado calmados los malandros”, dijo una persona.
Sin apego a la ley
El activista y defensor de los derechos humanos Oscar Loza Ochoa señala que las autoridades no han realizado una sola acción para evitar la violencia y que el protocolo de retorno no se apega a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Sinaloa.
“El regreso no puede ser así como hoy lo hicieron, nuestra propia ley de atención al desplazamiento interno plantea que es lo que hay que hacer antes del retorno, debe haber un informe donde señale que se han extinguido las condiciones que hicieron posible el desplazamiento”, declaró Oscar Loza.
El artículo 25 de la ley de desplazamiento señala que antes del retorno las autoridades estatales y municipales deben garantizar la seguridad y movimiento, alimentación, agua, vivienda, cuidados de salud y educación; el acceso al empleo o medios de vida; la restitución de la vivienda, tierras y otros bienes patrimoniales; el acceso a documentación personal; la reunificación familiar; la participación en asuntos públicos y el acceso a la justicia y reparación del daño.
“La gente es sabia”
Al cuestionar a la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral sobre el plan piloto de retorno y las garantías de las familias desplazadas, la funcionaria estatal declaró que no está promoviendo el retorno de los desplazados y que solo están atendiendo las peticiones de las familias que de manera voluntaria decidieron volver a sus comunidades.
“Hay comunidades que se retornan solos y no piden ni perdón ni permiso, vuelven a sus lugares de origen por su misma naturaleza, como dice el Presidente: la población es sabia, si no hay tanta violencia ellos se retornan así como solitos se salieron cuando vieron la violencia”, respondió Pérez Corral.
“Nosotros en este caso estamos nada más acudiendo a ese llamado que nos hace la ciudadanía ya retornada, nosotros no estamos diciendo vuelvan o no vuelvan o váyanse”.
El 19 de abril la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Economía, y la Secretaría de Educación Pública y Cultura realizaron un evento en Bagresitos, donde se registró el epicentro de violencia hace 3 años, los funcionarios estatales se comprometieron a atender las demandas y necesidades de la población.
En esa ocasión entregaron 31 refrigeradores, 32 estufas, 17 catres, 24 tinacos y 18 cubetas de impermeabilizante como parte de los apoyos del plan piloto de retorno, sin embargo están lejos de ofrecer la seguridad y atención integral que establece la ley.
“Han caído en una frivolidad, en creer que porque lo determina el Gobierno no va haber problema”, expresó Oscar Loza Ochoa.
“Ahorita está calmado todo, esperamos que no nos den otro susto”, dijo un vecino de Tepuche.
Programas incompletos
Aunque la Sebides presume su plan en Tepuche a nivel nacional, lo cierto es que ni siquiera concluye con el censo de familias desplazadas de todo Sinaloa, para llevar a cabo el conteo ya se gastó 800 mil pesos en un software que permitirá el registro de personas en situación de desplazamiento.
Tras meses de haberse gastado el recurso, tomado el fondo de vivienda de 60 millones aprobado por el Congreso, apenas el jueves 27 de abril pasado la Sebides informó que se comenzaron a hacer las pruebas para realizar el registro y centro de las víctimas de desplazo.
“Llegaron personal de ACNUR, COMAR y SEGOB para empezar a realizar estas pruebas, es un piloto, por que este software es perfectible aun, pero para saber si vamos por buen camino es necesario que se lleve a territorio, que se aplique a personas realmente desplazadas para ver de qué manera podemos mejorarlo, por eso el equipo acudió a Tepuche, en Culiacán, se lo aplicó también a personas aquí en la ciudad capital, pero también en Concordia y Choix, que es donde tenemos mayor número de personas desplazadas”, declaró María Inés Pérez, titular de Bienestar.
Hasta la fecha, tampoco el fondo de vivienda ha logrado cohesionar una política de otorgar casas a los desplazados, razón por la cual muchas familias han optado por volver a su querido terruño.
¿Qué sucedió en Tepuche?
En marzo de 2020, justo cuando la pandemia estaba despuntando en el país, la célula comandada por Jesús Aléxander Sánchez Félix, “El Ruso”, quien estaba asentado en Tepuche, entró en conflicto con el grupo de sicarios de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, debido a un problema con un grupo de policías que habían sido golpeados.
Poco a poco, los pistoleros de uno y otro bando comenzaron a tener choques armados hasta que la violencia comenzó a sentirse en las comunidades del norte de Culiacán, pronto los pobladores de Agua Caliente de los Monzón, salieron a manifestarse ante el temor de ser embestidos por la gente de “El Nini”.
La guerra entre ambos grupos, el del “Ruso” leal a Ismael Zambada García, y “El Nini” a los hijos del Chapo Guzmán, estalló de manera cruenta a partir de abril de ese año, tornándose caminos de terracería y poblaciones serranas en “territorio de nadie”.
Al paso de las semanas, las huestes de “El Ruso” fueron diezmadas, “Los Ninis” comenzaron a tomar comunidades y a expulsar a sus habitantes, bajo la consigna de que todo Tepuche apoyaba a Jesús Aléxander.
El punto álgido de esta pugna
sangrienta llegó el 24 de junio de 2020, cuando 9 habitantes de Las Juntas de Bagrecito fueron arteramente acribillados. Con esto, cerca de 200 familias de Tepuche tomaron el largo camino del exilio. Hoy, a casi 3 años, algunas han vuelto y otras están en ese proceso.
