Que el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública den cuentas a la sociedad de los hechos violentos ocurridos el pasado jueves 5 de enero y que generen, planes, programas, estrategias y políticas públicas a fin de atender, prevenir y erradicar la violencia, es el llamado del Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo.
El Coordinador General hizo un llamado a las autoridades para que informe con transparencia de las víctimas civiles que resultaron del operativo y el costo patrimonial del despojo de vehículos y vandalismo en comercios locales como consecuencia de los hechos violentos.
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A través de un comunicado, la CGCESP señaló que es importante el combate a los grupos de la delincuencia organizada; sin embargo, este debe operarse desde las estructuras financieras y el tránsito ilegal de armas y municiones que circulan en las calles.
“Si bien son importantes las capturas de líderes del crimen organizado, exigimos que desmantele sus estructuras financieras y políticas, así como el libre e ilegal flujo de armamento. Que con la misma prioridad presupuestal otorgada a los cuerpos policiales y militares, se fortalezca la prevención del delito, corrigiendo de una buena vez las causas que lo generan”, señala el comunicado.
El Coordinador General del CESP señaló que hasta el momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la instancia encargada de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales, no se han presentado en Sinaloa ni han brindado atención a las víctimas del operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano.
Asimismo, exigió a las autoridades la reparación total de los daños patrimoniales de los ciudadanos y la garantía para que periodistas y comunicadores puedan practicar con libertad y seguridad el trabajo de informar.
En cuanto a las corporaciones de Seguridad Pública estatales y municipales, el CESP solicitó que se fortalezcan e implementen protocolos claros para la contención de la delincuencia, como en los hechos del 5 de enero de este año y el 17 de octubre del 2019.
“Al gobierno de Culiacán que investigue la labor de la Secretaría de Seguridad Pública municipal durante los acontecimientos del 5 enero, dado el consenso entre la ciudadanía que advierte que no hizo acto de presencia, lo que quedó de manifiesto con la serie de saqueos registrados“, se expresa en el comunicado.
A la Fiscalía General del Estado se le solicitó que abra una mesa especial de Ministerio Público para brindar atención a las víctimas del 5 de enero, además de fortalecer la investigación del narco menudeo para abatir uno de los ingresos ilegales con que se financian las estructuras del crimen organizado.
Finalmente, el Coordinador General del consejo, Miguel Calderón Quevedo, señaló la postura del los diputados y diputadas del Congreso del Estado luego de los hechos violentos, los exhortó a dejar de lado la agenda partidista y avocarse a la cuestión de inseguridad y estrategias para sacar al estado de esta grave situación.
“Que despierten y actúen, su participación tras el jueves 5 de enero ha sido pasiva, como representantes de los sinaloenses, les exigimos liderazgo. Su posición es la indicada para lanzar una gran convocatoria pública para corregir la situación de inseguridad de Sinaloa, dejando de lado las agendas partidistas“.
