La unión forzada y el matrimonio infantil son una violación a los derechos humanos; no es exclusivo de comunidades indígenas, sin embargo, estos actos suceden mayormente bajo la justificación religiosa y cultural de tradiciones y costumbres indígenas, a pesar de que en México desde 2018 están prohibidas en el Código Civil de las entidades las dispensas y excepciones para contraer matrimonio antes de los 18 años.
El Informe Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en los Estados parte de la Convención Belém do Pará, aprobado el 08 de diciembre de 2022 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) y publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, nos muestra una realidad de Latinoamérica y el Caribe donde las niñas son las principales afectadas, dejándolas en menor posibilidad de estudiar, y obtener un empleo y con alta probabilidad de vivir en la pobreza y la violencia de género.
En este informe, México dio a conocer importantes datos que permiten identificar características de mujeres de 20 a 24 años que se unieron antes de los 15 y de los 18 años, como origen, lengua, nivel escolar, salud y derechos sexuales, entre otros que a continuación se destacan:
En el año 2018, a nivel nacional, 3.6% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 15 años, mientras que 20.7% se casaron o unieron antes de los 18 años, para el año 2019 esta cifra aumentó a 26%. Es más alto el indicador (31.2%) de mujeres habitantes de comunidades rurales que se unieron o casaron antes de los 18 años, que de mujeres habitantes de zonas urbanas (17%). 30.3% de mujeres de 20 a 24 años unidas o casadas antes de los 18 años son hablantes de lengua indígena, 20.2% no lo son.
21.2% de las mujeres de 20 a 24 años unidas o casadas antes de los 15 años no tenían escolaridad, 16.9% primaria incompleta, 5.8% primaria completa, 1.1% contaban con estudios de educación media superior y 0.3% de educación superior. 38.8% de las mujeres de 20 a 24 años unidas o casadas antes de los 18 años no tenían escolaridad, 50% primaria incompleta, 39.4% primaria completa, 16.7% contaban con estudios de educación media superior y 0.3% de educación superior.
También en el informe se recogen testimonios que señalan que las uniones son organizadas por los padres y las autoridades de la comunidad, sin considerar la opinión de las niñas y sus madres… En el caso de Chiapas, los matrimonios tienen sustento en la oralidad comunitaria, no requiriéndose ninguna otra formalidad más
que la presencia de testigos.
Asimismo, Save the Children reportó que en México las niñas o adolescentes casadas sufren 49% más violencia física y 68% más violencia sexual que quienes se casaron después de los 18 años. Además, se ha documentado que la violencia de género es más alta en mujeres que tuvieron su primer hijo o hija a una edad más joven o de forma no planeada… y que 73% de las niñas y adolescentes casadas o unidas dejó la escuela.
Desde el año 2016, nuestro país estaba obligado a hacer las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el matrimonio infantil, en congruencia a los dispuesto con Tratados Internacionales y la creación del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), pero las resistencias argumentadas desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no lo permitieron sino hasta el año 2018, cuando se aprobaron las reformas en el Congreso de la Unión. Aún así el estado de Baja California después de distintos exhortos emitidos por Cámara de Diputados y Senado de la República en el 2019 realizó las modificaciones necesarias en su Código Civil para armonizar.
No hay tal eliminación del matrimonio infantil en México, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH, 2022), nos dice que al año 2021, 3.5 % de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de los 15 años, y 23.4% lo hizo antes de los 18 años. Las uniones tempranas, forzadas y matrimonios infantiles persisten en lo formal o informal, afectando principalmente a las mujeres de comunidades indígenas, pues son un negocio o arreglo entre hombres, y en este escenario desde el congreso de la Ciudad de México y Congreso de la Unión se han aprobado reformas penales para sancionar a quiénes promuevan, consientan o participen en este tipo de uniones, incluyendo a servidores públicos.
“El peor enemigo de una mujer es su abnegación” Betty Friedan
