En su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su demanda al abogado de García Luna, César de Castro, por difamación y daño moral.
“Está decidido (interponer la demanda), sólo estoy haciendo investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí”, dijo el mandatario federal.
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El pasado 17 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a demandar al abogado De Castro, luego que el defensor cuestionó en el juicio de García Luna por narcotráfico, al capo Jesús “El Rey” Zambada, por haber entregado supuestamente un soborno de siete millones de dólares a Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad capitalino de López Obrador, en 2005, cuando el actual mandatario era jefe de Gobierno.
De Castro preguntó a Zambada por una declaración hecha a autoridades estadounidenses tras su detención en 2013: “¿Le pagó o no 7 millones a Andrés Manuel López para su campaña contra Vicente Fox?” a lo cual, el capo y hermano del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se retractó y dijo que eso no era cierto.
Por otra parte, el presidente insistió en que, independientemente de lo que se decida en Estados Unidos sobre el caso García Luna, su gobierno no va a “soltar” la investigación en contra del ex funcionario y buscará que se recuperen 700 millones de dólares que invirtió García Luna en el Estado de Florida, pues aseguró que son recursos de México y no quiere que queden en Estados Unidos, como siempre ocurre.
En este sentido, reiteró su molestia, porque la Corte que está juzgando a García Luna en Nueva York por, presuntamente, brindar protección al Cártel de Sinaloa, cuando fue funcionario del ex presidente Felipe Calderón, “no tomó en cuenta” la demanda que interpuso su administración en 2020 en Florida y, lamentó que a tres años de realizada la denuncia, no se ha avanzado.
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El presidente subrayó que el juicio contra García Luna, “es la oportunidad de ir a fondo” en otros casos, donde participó como secretario de Seguridad, con el apoyo de autoridades estadounidenses, como el fallido operativo “Rápido y Furioso”, realizado en 2009 y, en el que se permitió la entrada de armas a México, con la finalidad de averiguar la compra-venta de armamento en nuestro país.
Sin embargo, se perdió la pista de las armas, las cuales, en parte, fueron encontradas en escenas criminales a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.
