Fue impresionante la marcha ciudadana del pasado domingo para defender al INE. Impresionante no solo por el gran número de manifestantes concentrados en la Ciudad de México (no tiene sentido entrar en una guerra de cifras, pero las estimaciones más verosímiles indican que marcharon más de 200 mil), sino también porque a todas luces fue una marcha nacional. En más de 50 ciudades a todo lo largo del país, los mexicanos se manifestaron pacíficamente, sin ningún incidente violento y de manera masiva y contundente en favor de proteger no a una persona ni a un determinado grupo o partido político, sino a una institución autónoma y constitucional del Estado mexicano, que es pieza central para mantener la democracia en el país.
La marcha ciudadana fue notoriamente visible y se hizo escuchar bien alto su mensaje, contrario a lo que antes se venía diciendo en relación a que la ciudadanía se encontraba aletargada, inactiva y silenciosa, apartándose de aquello que, según el politólogo Robert A. Dahl*, los ciudadanos silenciosos son los súbditos perfectos de un gobernante autoritario.
Aún y cuando hemos visto que la oposición parlamentaria ha logrado detener en alguna medida el avance populista en las elecciones legislativas pasadas y en importantes decisiones en el seno de las cámaras representativas, todavía no asume por completo su responsabilidad en la configuración y afirmación del sistema político democrático, no ha hecho sentir del todo su presencia al gobierno, por lo que ante un evento como la marcha nacional del domingo, estamos presenciando en el país que la función opositora-parlamentaria se ha trasladado tanto a los medios de comunicación como a lo que la ciencia política ha dado en llamar oposición-social, al no cumplir suficientemente bien los órganos parlamentarios el papel de Tribuna de la Oposición pública. Asistimos ahora mismo, en México, a un fenómeno propio de las sociedades democráticas, consistente en que la función opositora de la crítica y control público al poder, se ejerce predominantemente y a menudo con más fuerza, por los particulares agrupados en la sociedad civil y en los medios de comunicación.
Esta marcha nacional revela rasgos de una sociedad civil con una cultura política impensada por muchos, ya que su manifestación a todo lo ancho del país fue más allá de la defensa del INE ante el ataque y captura que antidemocráticamente pretende López Obrador. Fue una potente crítica a la política de destrucción institucional emprendida por el régimen. Las perspectivas de una democracia estable en un país –siguiendo a Robert A. Dahl*– se ven potenciadas si sus ciudadanos y líderes defienden con fuerza las ideas, valores y prácticas democráticas, ya que la democracia difícilmente sobrevivirá a sus inevitables crisis si una mayoría sustancial de los ciudadanos no prefiera la democracia y sus instituciones a cualquier alternativa no democrática, porque de hecho, probablemente bastaría con una amplia minoría de antidemócratas violentos y militantes para destruir la capacidad de un país para mantener sus instituciones democráticas.
Y va seguir siendo necesaria esa reserva de cultura política de la oposición social a favor de la preservación de los valores democráticos, porque tenemos entronizado en la presidencia a un personaje empeñado en derruir la ruta institucional de la transición política y de la democracia en México. “Fue muy importante la marcha de ayer -dijo esta semana López Obrador-, fue una especie de striptease del conservadurismo en México… Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, a favor de la corrupción lo hicieron a favor del racismo, el clasismo de la discriminación”, y desparpajadamente dio pruebas de cómo el gobierno espía ilegalmente a la población y a sus adversarios políticos, al presentar una lista de 36 personajes políticos que supuestamente registró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (¡Vaya protección ciudadana! En realidad, lo más probable, el Centro Nacional de Inteligencia o la Sección Segunda de inteligencia militar) sobre asistentes a la marcha en defensa del INE.
Por esto ya no es inusitada la reacción virulenta y autoritaria de López Obrador, que no es un demócrata, ante la posibilidad de no obtener los votos para la regresiva reforma electoral que pretende. Quiere darle la vuelta a la Constitución, torcer una vez más el Estado de Derecho. Para eso ya adelantó que es probable que envíe una reforma a la ley electoral que no requiere de las dos terceras partes para su aprobación “y sin violar la constitución lograr que los ciudadanos elijan a consejeros y magistrados”. Ninguna ley puede, en ningún caso, contravenir las estipulaciones del Pacto Federal ni mucho menos de la Constitución, se sabe de la simple lectura del artículo 41 base VI constitucional, que establece la forma en que los consejeros electorales habrán de elegirse así como sus funciones. Lo mismo de los artículos 99 cuarto párrafo, fracción V y 116 de la Constitución, que se refieren, respectivamente, a que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, así como la forma de elección de sus integrantes, y el 116 en que la elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.
Si llega a ocurrir esta andanada inconstitucional a la legislación electoral, la oposición parlamentaria tendría que presentar la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y por parte de la oposición social cualquier ciudadano podría impugnar la reforma ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano (JDC) que establece el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el que cualquier ciudadana o ciudadano puede hacer valer probables violaciones a cualquiera de sus derechos políticos, o quien teniendo interés jurídico reclame violaciones a su derecho a integrar autoridades electorales de las entidades federativas.
Sin embargo, se sabe que para que funcione razonablemente bien, con sus límites y fallas, una democracia representativa, se requiere igualmente que una República representativa y federal como la nuestra, articule institucionalmente –en sedes parlamentarias, me refiero particularmente- los procesos, demandas e intereses políticos en los que los diputados y senadores de la oposición legitiman una función esencial para un Estado democrático y realizan su principal función de control del gobierno.
Ya lo decía el ilustre Ralf Dahrendorf a propósito de la teoría del conflicto social, que: “corresponde a la oposición asegurar, en cambio, nuevamente en cada oportunidad, que las fuerzas de la transformación puedan encontrar una adecuada expresión institucional”. Como lo enseñaba el gran jurista Giuseppe De Vergottini***, profesor de derecho público comparado, docente de derecho constitucional en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia: al hacer la distinción entre oposición-función y oposición-organización: “La primera puede ser desarrollada también por sujetos o institutos diferentes de los grupos parlamentarios, como las cortes constitucionales, los tribunales, el bicameralismo, el federalismo y, en general, todos aquellos mecanismos ínsitos en la separación de poderes y en la articulación de las garantías. En este caso estamos frente a la incorporación o institucionalización de la función de la oposición en el ordenamiento democrático. La segunda, en cambio (oposición-organización), está situada dentro de las cámaras legislativas y designa a las fuerzas políticas minoritarias respecto de las de la mayoría”.
A propósito de la marcha “de desagravio” que va a organizar el gobierno de López Obrador, decir solamente que será una marcha del gobierno y para el gobierno, no una marcha ciudadana. Seguramente será multitudinaria, porque correrán suficientes recursos públicos del gobierno federal, de las alcaldías morenistas y de los estados vecinos a la capital del país dominados también por morenistas, para acarrear masas (esas que no piensan, solo actúan, según estudiaba Gustavo Le Bon), no ciudadanos. Autómatas que marcharán solo para darle gusto y satisfacción al presidente, tan irritado por la insurgencia pacífica de los ciudadanos democráticos del domingo. Coincido con lo dicho por Guillermo Sheridan: Un hombre tan empeñado en ser querido y admirado por todo el mundo sufre o delirio de grandeza o complejo de inferioridad.
*Robert A. Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos, Taurus, México, 1999.
**Gianfranco Pasquino, La oposición en las democracias contemporáneas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 1997.
***Giuseppe de Vergottini, Opposizione parlamentare, en Enciclopedia del Derecho, vol. XXX, Giuffré, Milán, 1980.
