Culiacán, Sin.- La auditora Superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, acudirá ante los diputados que conforman la Comisión de Fiscalización para que explique el crecimiento desproporcionado en los pasivos sin fuente de pago y que no haya sanciones.
Este jueves, la auditora será cuestionada en reunión de trabajo sobre la situación que guardan tanto el gobierno estatal como los ayuntamientos que han dejado que aumenten los pasivos sin fuente de pago, así como la adjudicación de muchas obras de manera directa violentando el principio de gobiernos abiertos y transparentes y se evaluarán los órganos internos de control que revisan estos pasivos sin fuente de pago, quienes únicamente están amonestados, sin aplicar ninguna sanción.
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“Este jueves tendremos la reunión con la auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, vamos a ver muchos puntos, pero sobre todo el de los pasivos sin fuente de pago, y seguir abonando a la construcción de mejores rendiciones de cuentas”, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización.
El diputado Sergio Mario Arredondo Salas informó que otro de los problemas que estarán evaluando será a los órganos internos de control, quienes únicamente están haciendo amonestaciones por estos pasivos sin fuente de pago a funcionarios, pero se requiere de reformas para sancionar de manera justa a los entes públicos y servidores públicos.
Lamentó que tanto el gobierno estatal como los municipios no toman en cuenta las restricciones señaladas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y así se demuestra en las cuentas públicas del 2020 que se acaba de aprobar
El diputado del PRI observó que no hay un manejo financiero equilibrado en los pasivos sin fuente de pago, generado un crecimiento desproporcionado de un año a otro.
Estos pasivos, advirtió, comprometen el desarrollo futuro de las administraciones públicas, y la prestación de servicios públicos de calidad a sus habitantes.
Reiteró que representan alarmantes focos rojos, por lo que es urgente que las administraciones asuman su responsabilidad y se desarrollen estrategias que permitan lograr y mantener un adecuado control presupuestario, a efecto de que los ingresos de libre disposición de ejercicios fiscales subsecuentes no se vean afectados.
