No es exacto lo que declara la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, de que las familias desplazadas lo que quieren es un terrenito y no una vivienda, lo que se le olvidó explicar es que ante la tardanza de desarrollar las casas, las víctimas de este delito muchas veces prefieren que se les entregue un pedazo de tierra lo más pronto posible.
Lo anterior está documentado, hace unos meses grupos de desplazados de Mazatlán indicaron a El Sol de Sinaloa que, ante las omisiones y lentitud de Gobierno por crear las viviendas, optaron por pedir el terreno, en donde algunas familias levantaron casitas con madera, láminas y pedacería de lo que encuentran en la basura.
Con Quirino Ordaz Coppel, se entregó un pequeño fraccionamiento en la periferia de Mazatlán, que es el municipio donde más avance presentan los programas en favor de los desplazados, pero en Culiacán durante 2022 ni siquiera se concretó la compra del predio, con Ricardo Madrid como titular de Sedesol se dijo que la reserva territorial se adquiriría para el rumbo de La Loma de Rodriguera y La Pitayita, pero luego se dijo que en la zona de La Higuerita, sindicatura de Culiacancito.
Los documentos enviados a este medio no demostraron mucho. Dice la Sebides que la Secretaría de Obras Públicas ejerció 40 millones de pesos en aplanar terrenos, pero dicha dependencia a cargo de José Luis Zavala, no informó gran cosa, ya se promovió un recurso de revisión ante la CEAIP para que libere las documentales que compruebe el ejercicio de ese dinero.
En las siguientes páginas se podrá encontrar justamente el planteamiento de que el Gobierno de Rubén Rocha avanza a paso de tortuga para cumplir la promesa que hizo en campaña a las familias desplazadas, en su mayoría de la sierra y por motivos de violencia.
Por lo pronto, muchas de ellas siguen rodando por los basureros del estado en busca de material reciclable, otras personas se dedican a la limpieza de casas o los varones a la albañilería. En una ocasión, en plena campaña del 2021, un grupo de desplazados de San Javier, Badiraguato, expresaron a este medio que sentían que ellos no eran prioridad para ningún político porque no eran votos que contaran.
Así las cosas, esperemos que este 2023 la promesa de casas dignas se concrete.
Un Carnaval de basura y contaminación
No solo es el gasto millonario que se realiza cada año para realizar el Carnaval de Mazatlán, sino también el daño ecológico que se causa por la contaminación y la basura que se genera, lo que debe preocupar a autoridades y a la ciudadanía en general.
Es una realidad que el Carnaval rebasa a la ciudad y a los servicios públicos; este año se generaron 690 toneladas extras de basura durante los seis días que duró la máxima fiesta de los mazatlecos y tan solo en la playa se retiraron poco más de 3 toneladas de desechos, con el riesgo de que hubieran terminado en el mar.
Además, durante el Combate Naval, uno de los eventos más esperados junto con el desfile, se gastó un millón y medio para comprar 3 toneladas de pirotecnia que causaron graves afectaciones al ecosistema de Olas Altas.
Este dinero representa casi el 20 por ciento del presupuesto anual que tiene la dirección de Ecología, dependencia que en muchas ocasiones trabaja de manera limitada precisamente por la falta de recursos económicos.
Ambientalistas y ecologistas señalan que ha llegado el momento de redireccionar el festejo del Carnaval hacia nuevas formas de entretenimiento que sean más amigables con el medio ambiente, quizás haciendo uso de la tecnología.
El Reglamento Ambiental y de Cambio Climático de Mazatlán señala en su Artículo 2, fracción VI, que el municipio debe prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y el suelo, así como la generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el ambiente, proveniente de fuentes fijas o móviles.
Sin embargo, históricamente en ninguna administración se ha hecho una evaluación del impacto ambiental que generan tanto el Combate Naval como los eventos en general de la máxima fiesta porteña; además de que no se obliga a las empresas contratadas a hacerse responsables de los residuos.
Así como se preserva la tradición de la fiesta que por 125 años ha contagiado de algarabía a los mazatlecos, así también debe generarse la conciencia para cuidar el medio ambiente.
