Este miércoles, aplicaciones de entrega a domicilio como Uber, Didi y Rappí propusieron dar beneficios de seguridad social a sus conductores en México por primera vez, antes de un nuevo proyecto de ley del Gobierno que busca regular la situación de los trabajadores del sector.
Recordemos que los empleados no cuentan con prestaciones, seguridad social o algún seguro de vida, únicamente tienen su sueldo, además que los vehículos los ponen ellos.
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Las compañías se mostraron abiertas a cubrir a los choferes y mensajeros que trabajan un promedio de más de 40 horas a la semana en una o más plataformas, pero no llegaron a aceptar clasificarlos como empleados y dieron pocos detalles sobre cómo se dividirían el pago de los costos de la seguridad social.
La secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, explicó en septiembre que funcionarios gubernamentales están elaborando un proyecto de ley que incorporaría a los trabajadores temporales a la economía formal, aunque no está claro cuando se va a presentar.
Tampoco está claro todavía si la iniciativa legislativa buscará convertir a los conductores en empleados o propondrá otras reformas en línea con la propuesta de las empresas.
Las aplicaciones de entrega a domicilio y viajes compartidos en todo el mundo se han opuesto a los exhortos para clasificar a los trabajadores como empleados en lugar de contratistas independientes, diciendo que el cambio obstaculizaría sus modelos comerciales y negaría la flexibilidad de los choferes.
En el comunicado, firmado conjuntamente con activistas que velan por los derechos laborales, Uber, DiDi y Rappi, también sugirieron establecer mecanismos para garantizar un pago justo de acuerdo con el tiempo trabajado, pero sin dar detalles.
“Es momento de dar el siguiente paso, dónde encontramos un punto de acuerdo (…) para ir mejorando las condiciones”, afirmó en una entrevista con Reuters Tonatiuh Anzures, director de Asuntos Gubernamentales de Didi en México.
Cualquier cambio dependerá de futuras conversaciones y del respaldo del Gobierno, agregó. La Secretaría de Trabajo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Nicolás Sánchez, jefe de políticas públicas de Uber en México, afirmó que esperaba que los costos adicionales sean bajos, pero que en la compañía están “abiertos a esas cargas” si se permite que la industria, que abarca a unas 500 mil personas en nuestro país, mantenga la flexibilidad.
