La última década rompió con el paradigma en política, de que el final del siglo pasado y el principio del siglo XXI, pese a las tribulaciones y problemas sociales, políticos y económicos que la acompañaron, estaba caracterizado por la plena aceptación de las instituciones democráticas como instrumento de la transformación social. La aparición de diversas modalidades del populismo en diferentes partes del mundo, tanto en Europa como en nuestro continente, incluido el país que se creía con una democracia avanzada como Estados Unidos (en la era de Trump) o en una democracia apenas en consolidación como la nuestra a partir de 2018, han hecho percibir muy de cerca que es real el peligro que corren y que como dicen los profesores Levitsky y Ziblatt en su estudio Cómo mueren las democracias*, la democracia ya no termina con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, pasar por encima de la Constitución y la quiebra del sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. Porque las democracias –de acuerdo a Levitsky y Ziblatt- pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Algunos de esos dirigentes desmantelan la democracia a toda prisa, como hizo Hitler en la estela del incendio del Reichstag en 1933 en Alemania. Pero, más a menudo, las democracias se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables.
Con frecuencia, escriben Levitsky y Ziblatt, “ese apoderamiento de los árbitros se lleva a cabo despidiendo discretamente a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por personas leales […] Los gobiernos que no logran eliminar a los jueces independientes pueden sortearlos plagando los tribunales de letrados afines” o con una estrategia más extrema como la de apresar a los árbitros y arrasar los tribunales y sustituirlos por unos nuevos, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Los líderes populistas, para atrincherarse, buscan cambiar las reglas del juego. “Los autócratas que pretenden consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución, el sistema electoral y otras instituciones de modos que resultan desfavorables o debilitan a la oposición, inclinando de nuevo el terreno de juego en contra de sus rivales. Estas reformas suelen llevarse a cabo bajo el pretexto de hacer un bien público, cuando en realidad lo que se persigue es favorecer a quienes ostentan el poder”.
Todo esto está sucediendo en nuestro país. Junto con los devaneos -otra vez- de reelección, militarización de la vida civil e incluso la sugestión de que el oficialismo pudiera tener un candidato presidencial surgido de la milicia, el demagogo populista en el poder quiere perpetrar el ataque más directo a la democracia desde que empezó su estrategia de debilitamiento y cooptación de las instituciones. En la Cámara de Diputados el grupo en el poder ya trabaja en el dictamen del proyecto de reforma electoral enviado por el presidente, donde se contempla desaparecer como conocemos al INE y su integración, sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, y hacer que las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del poder ejecutivo federal propongan una lista de perfiles para que los consejeros se elijan mediante el voto popular, al igual que para la integración de los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma regresiva, al desaparecer al INE, busca centralizar las elecciones en un único órgano electoral en los estados, municipios y a nivel federal (para lo cual absorbería las funciones de los Organismos Públicos Locales). Consejeros y magistrados electorales haciendo promesas de campaña y elegidos por el pueblo en base a su popularidad y a sus arreglos políticos con las mayorías legislativas en las Cámaras, en la Corte y con el presidente, no en base a su preparación técnica, trayectoria profesional, imparcialidad, transparencia y eficiencia demostradas. Centralizar las elecciones, como cuando la Secretaría de Gobernación las sancionaba, en los tiempos del autoritarismo. Se proponen otras reformas, como la eliminación del financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias, la eliminación de los legisladores plurinominales, pero la intención principal de ellas es el control –por parte del populismo en el poder- de quien organiza las elecciones (INE) y quien las sanciona (TEPJF).
Por eso ha causado tanto escozor al oficialismo la Opinión sobre el Proyecto de Enmiendas Constitucionales Relativas al Sistema Electoral de México, del Consejo de Europa, aprobado por el Consejo para las Elecciones Democráticas en su 74.ª reunión (20 de octubre de 2022) y adoptado por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia) en su 132.ª sesión plenaria (Venecia, 21-22 de octubre de 2022). Opinión solicitada desde junio de este año por Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, donde con posterioridad a esa petición fueron consultadas también las opiniones de Santiago Creel, Presidente del Congreso de la Unión y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, de Cristopher Ballinas Valdés, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y del Embajador José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de la Misión Permanente de México ante el Consejo de Europa. Las conclusiones de esta opinión evidencian el peligro antidemocrático y lo regresivo de estas reformas que se proponen, al sostener que: “Las enmiendas propuestas a la Constitución no proporcionan suficientes garantías de la independencia e imparcialidad de la CENI (el organismo con el que se pretende sustituir al INE) y de los jueces del Tribunal Electoral […] El procedimiento propuesto para la elección directa de los Consejeros de la CENI y jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado ya que no está en línea con los normas internacionales y las mejores prácticas en el ámbito electoral que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de gestión electoral (construidos de forma estricta o proporcional). Los miembros de estos órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debe permitir hacer campaña (presentarse como elecciones directas) […] Debería reconsiderarse la creación de una CENI altamente centralizada, ya que una centralización onerosa y compleja podría comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los diferentes niveles de la Federación”.
La opinión de la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho es contundente al afirmar que cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confianza y que la composición de la administración electoral debe garantizar que todos los partidos políticos, candidatos y votantes puedan confiar en que funcionará de forma imparcial, lo cual no ocurre con el espíritu de esta reforma.
Levitsky y Ziblatt señalan que en los países donde se incrusta el populismo, la senda electoral hacia la desarticulación es peligrosamente engañosa. “La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo, es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Para entender mejor cómo los autócratas electos socavan sutilmente las instituciones resulta útil imaginar un partido de fútbol. Para consolidar el poder, los déspotas en potencia deben apresar a los árbitros, marginar al menos a uno de los jugadores estrella del rival y reescribir las reglas del juego de manera que funcionen en su propio beneficio, lo que vendría a ser inclinar el terreno de juego en contra del equipo contrario” […] Pero si el control de tales organismos queda en manos de personas leales, pueden servir para los objetivos del autócrata en potencia y proteger al Gobierno frente a investigaciones o demandas legales que podrían conducir a su revocación del poder. El presidente puede infringir la ley, amenazar los derechos de la ciudadanía e incluso saltarse la Constitución sin tener que preocuparse por que tales excesos sean investigados o censurados. Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad”.
De las fuerzas de los ciudadanos y de la oposición política y en las Cámaras legislativas, ésa verdadera oposición “que está en todas partes” como dice Federico Reyes Heroles, siempre que tenga la virtud de la sensatez y se demuestre demócrata, depende que el ataque populista a la democracia no prospere.
* Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Ariel, España, 2018.
