A pesar de la adversidad de los tiempos que nos han tocado vivir en estos cuatro años del gobierno obradorista: la caída de la economía, producto de la crisis sanitaria y la espiral inflacionaria producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Cuarto Informe de Gobierno registra que ya se han recuperado los niveles previos al COVID-19 en varios indicadores.
Uno de ellos es el número de personas inscritas al IMSS, que ya alcanzan los 21 millones 236 866 trabajadores, es decir, 623 330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que, sin crecimiento, pero con una mejor distribución del ingreso, se ha logrado disminuir la desigualdad y la pobreza.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del Inegi, de agosto a noviembre del 2020, en plena pandemia, mientras que en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces. En ese periodo, los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3%. Esto se confirma porque, mientras que los hogares del medio urbano perdían a causa de la pandemia 8% del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8%.
En contraste, las políticas neoliberales fueron una fábrica de pobres, pues el porcentaje de la población en pobreza por ingresos en 2018 fue similar al de 25 años antes, afectando casi a la mitad de la población. Lo mismo el deterioro salarial que perdió el 69.8% de su poder de compra entre 1983 y 2016.
En este inicio de la Cuarta Transformación, sin duda, ha sido la política social redistributiva la que ha ayudado a mantener un mercado interno estable. Por ejemplo, los Programas para el Bienestar permitieron que los adultos mayores de 2018 a 2020 incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12 420 a 13 586 pesos. La población indígena pasó de un ingreso trimestral por persona de 8887 pesos a 10 057 pesos, es decir, 13.6%.
Según el Coneval, en el segundo trimestre de este año el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4.8%, pues pasó de 2747 pesos a 2880, en comparación con el mismo periodo de 2021. Estos datos reafirman la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia social.
Definitivamente, el combate a la corrupción y la austeridad han sido una fuente segura y creciente de recursos públicos y la recaudación se ha incrementado, paradójicamente. Solo por poner un ejemplo, el combate al huachicol ha ayudado a detener una fuga de 200 000 millones de pesos. El ahorro en el costo de obras públicas ha permitido disponer de otros 200 000 millones de pesos. Y el Plan de Austeridad Republicana, en su conjunto ha representado liberar para el desarrollo más de 300 000 millones de pesos.
El programa de la pensión ya beneficia a 10 millones 500 000 adultos mayores; también la pensión a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad, que ya se está ampliando a otras edades con la celebración de convenios con los gobiernos estatales y pronto este programa tan humano será universal.
En materia educativa, solo por mencionar algunos ejemplos de nueva política, se otorgaron, en el año que se informa, becas a 11 millones de estudiantes, desde preescolar hasta posgrado; 2 millones 315 000 jóvenes han trabajado como aprendices, recibiendo un ingreso equivalente a un salario mínimo. De todos ellos, la mitad, cuando terminan de formarse, de capacitarse, son contratados por las empresas o centros de trabajo en que se ejerció la tutoría.
Se han basificado a 650 mil trabajadores de la educación y se aumentaron más los salarios a los que ganan menos. Del inicio y hasta finales de este año habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113 000 comités de madres y padres de familia; es decir, ya se atiende el 66% de todos los planteles de educación básica del país, con el programa La Escuela es Nuestra.
Además de los 11 millones de becas otorgadas, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior Benito Juárez García, donde estudiarán en este ciclo escolar 64 000 alumnos de pueblos y municipios marginados y se tiene planeado crear 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales de estas especialidades.
En suma, hoy se apuesta por la intervención estatal para que se haga costumbre el derecho a la justicia; a una vivienda adecuada y digna; al incremento salarial y de ingresos; a los subsidios de tarifas energéticas; a pensiones y apoyos públicos a familias vulnerables; a la producción de alimentos básicos para la autosuficiencia y a la educación en todos los niveles.
Es la política del bienestar donde nadie se queda atrás, donde nadie se queda afuera. Más Estado, menos mercado.
